La Fiscalía de Castellón investiga un presunto fraude en el padrón municipal de Vall d´Alba (Castellón), que podría haber tenido fines electorales en las pasadas elecciones municipales, en las que ganó el PP. El alcalde, Francisco Martínez, Capdevila, es también vicepresidente de la Diputación de Castellón y hombre de confianza de Carlos Fabra. Las diligencias penales se centran en torno a 150 empadronamientos supuestamente irregulares, la mayoría de ciudadanos rumanos, en domicilios de concejales y trabajadores municipales, en muchos casos.
Masía de Gualet, propietaria: Pilar Traver. En el domicilio de los padres de Javier Pitarch, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vall d´Alba (Castellón, 2.954 habitantes), figuran empadronados tres ciudadanos rumanos, una mujer y dos hombres. Pero la madre lo niega; incluso asegura a Interviú que no conoce a esas personas. Según los datos en poder de la Fiscalía Provincial de Castellón a los que ha tenido acceso esta revista, en el padrón municipal de la localidad figuran oficialmente inscritos los tres súbditos rumanos desde 2006, por lo que pudieron votar en las elecciones municipales de mayo de 2007, y en las del Parlamento Europeo, de marzo de 2009. Y podrán volver a hacerlo en los próximos comicios municipales, dentro de tres meses.
El PSPV-PSOE de la localidad denunció el inflado del censo electoral en las dos citas electorales antes mencionadas. Y la fiscalía abrió diligencias. El pasado mes de noviembre el ministerio público las unió en un solo procedimiento judicial. En torno a 150 empadronamientos presuntamente irregulares son los que están bajo la lupa de la fiscalía, la mayoría, de ciudadanos de países del Este, sobre todo, rumanos. El ayuntamiento tuvo que dar de baja de su censo a treinta nuevos vecinos por requerimiento del Instituto Nacional de Estadística, tras comprobarse que esas personas no residían realmente en el municipio.
En casa de Esther Bellés, representante municipal para la pedanía de la Pelejaneta y conserje de la biblioteca de Vall d´Alba, constan empadronados, junto con ella y su marido, otras siete personas más, tres de ellas, rumanas. Sin embargo, Bellés lo niega y atribuye a un “error” ese dato cuando Interviú le inquiere sobre sus compañeros de casa, un adosado a las afueras del pueblo.
Pilar Traver, ex concejala del PP, ha descubierto hace poco que en su masía, Mas de Gualet, deshabitada y usada como almacén para aperos de labranza y muebles viejos, están empadronados cinco rumanos. “Lo supe por unas cartas que llegaron a nombre de esas personas”, dice Traver. Pero cuando fue a pedir explicaciones al Ayuntamiento, “me dijeron que no era en mi masía, sino en otra que está al lado. Pero Mas de gualet sólo hay una, la mía. Es muy peligroso, porque esos rumanos pueden meterse en mi casa con todas las de la ley, al estar empadronados”, denuncia la ex concejala.
La Asociación de Inmigrantes de Países del Este en Castellón halla una explicación para la permanencia de sus compatriotas en el censo de Vall d´Alba en “el mal funcionamiento del sistema”, según dice su presidenta, Ángela Placsintar. “Cuando estas personas se han ido de Vall d´Alba y se han empadronado en otro sitio no les han dado de baja. Esto debería ser automático”. Precisamente, es así como funciona el sistema de empadronamiento español, que automáticamente cursa la baja de un padrón cuando el ciudadano se da de alta en otro distinto.
El secretario-interventor del Ayuntamiento de Vall d´Alba, José Luis Martínez, asegura a Interviú que “se ha hecho todo bien, exigiendo los documentos que marca la ley a la hora de empadronar. Lo que pasa es que los rumanos se mueven mucho y cuando se marchan de repente y no hay manera de saber dónde viven”.
El empadronamiento de José Luis Martínez es uno de los denunciados; consta empadronado en el propio ayuntamiento de Vall d´Alba, aunque en el pueblo cuentan que vive en Castellón.
Más información en la revista interviú.
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